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recurso SINDICAL

Asipa, FEC y Sicam impugnan ante el Supremo la reforma de la Ley de Cajas

Los sindicatos Asipa, FEC y Sicam han impugnado ante el Tribunal Supremo el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Cajas, ya en vigor, y han solicitado la suspensión de su aplicación. Consideran que el decreto “es inconstitucional y contrario al Derecho Comunitario porque permite privatizar las cajas y terminar con el sistema social del ahorro de los últimos 130 años.

La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa), la Federació d´Estalvi de Catalunya (FEC) y el Sindicato Profesional Independiente de Cajas de Ahorros del Mediterráneo (Sicam), tres de los sindicatos que representan a trabajadores en toda España en el sector de las cajas de ahorro, estiman que el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Cajas a través de un decreto ley “decidido con gran precipitación” y “sin contar con el consenso previo de los agentes económicos y sociales y de todos los sectores afectados por la reforma: trabajadores, impositores, comunidades autónomas, ayuntamientos, las entidades fundadoras y los ciudadanos en general”. “La falta de consulta a los sectores afectados y la elección de la forma del decreto ley para aprobar esta reforma legislativa constituyen defectos esenciales y determinantes que suponen, en opinión de los recurrentes, la nulidad radical y de pleno derecho del decreto impugnado”, indicaron.

Los sindicatos impugnantes esperan que “tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional procedan a la anulación inmediata y que se inicie un proceso de reforma legislativa del sector financiero contando con todos los sectores afectados, y donde se mantenga el carácter público de las Cajas y sus principios de la Obra Social y las demás señas de identidad de las cajas que las diferencian de los bancos privados”. A este respecto, las centrales estiman que la entidad financiera de crédito que se cree en cada caso con las fusiones frías deben tener naturaleza de caja de ahorros y aplicar el convenio de las cajas a los empleados.

Los tres sindicatos recurrentes profundizan en los argumentos ya expuestos en el primer recurso presentado el 14 de junio ante el Tribunal Supremo, y consideran que todos los procesos llevados a cabo en España en los últimos meses de “fusiones frías” (SIP) tienen importantes lagunas legales y muchos defectos procedimentales”.

En este nuevo recurso, consideran que “pese a la nueva regulación se continúa careciendo de base legal para poner en marcha los SIP, y se ha convertido en regla general el SIP, una figura que en la normativa comunitaria originaria que los creó se preveía sólo para casos especiales y excepcionales”.

Los recurrentes “sospechan que detrás de esta actuación del Gobierno y del Banco de España” se encuentra “una estrategia muy clara y evidente de convertir las cajas de ahorro en bancos privados y dividirlas progresivamente en acciones”. “De este modo, aquellas cajas que no resistan el tipo de interés tan abusivo que les impone el sistema de ayudas puestas en marcha en estos meses por el Banco de España, entre el 7 y el 9 %, y en caso de no devolución, esa parte del capital podrá ser dividida en acciones y adquirida por bancos privados o incluso por inversiones extranjeras”, según estas centrales sindicales.