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AEB y CECA se posicionan contra el impuesto a la banca para financiar las pensiones

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Las patronales han elaborado un comunicado conjunto en el que dicen que aumentar la carga tributaria del sector financiero conllevaría efectos perjudiciales para la economía como la disminución del crédito.

La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su posición ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno introduzca un impuesto a las entidades financieras con el objetivo de financiar el déficit del sistema público de pensiones.

Para las dos patronales “si bien los objetivos que se pretenden alcanzar con estas medidas se pueden compartir, la creación de nuevos gravámenes a la banca no constituye una solución adecuada, porque sería injusta y porque conllevaría efectos colaterales perjudiciales para la economía española en general”.

En este sentido, AEB y CECA apuntan que “no resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial, especialmente si se tiene en cuenta que su ponderación en la economía y en los beneficios empresariales es en torno al 3%. Si la solución a este problema requiere aumentar los ingresos públicos, todos los agentes deben contribuir a sufragarlo de manera equitativa”.

Adicionalmente, el incremento de la carga tributaria del sector financiero generaría para nuestras entidades una desventaja competitiva a nivel europeo, y supondría un obstáculo al relevante papel que desempeña este sector en términos económicos y sociales, con especial incidencia en lo que hace a su contribución al empleo y al desarrollo de la actividad económica a través de la concesión del crédito.

Debe recordarse que el sector financiero ha realizado considerables esfuerzos en el pasado para facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit público y que, además, su contribución al sostenimiento del gasto público ya es superior a la de otros sectores de actividad (por la existencia, entre otras medidas, de un tipo impositivo incrementado en el Impuesto sobre Sociedades, un Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito o las cuotas del IVA soportado no deducibles).

Por otra parte, es necesario señalar que desde la regulación sectorial se han introducido diversas exigencias a nivel europeo en el marco de la unión bancaria para reforzar la solvencia del sistema financiero, entre las que destacan las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución, que suponen un coste para el sector financiero que afecta a los resultados y, por tanto, a los dividendos que percibe una amplia base accionarial minorista. El establecimiento de un impuesto sectorial supondría un sobrecoste adicional que haría aún más difícil acceder al mercado de capitales.

Por último, el establecimiento de un gravamen singular sobre el sector podría tener unos efectos recaudatorios inferiores a los pretendidos y, sin embargo, afectar de forma muy negativa a la solvencia del mismo.

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