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CC OO, UGT y CSICA piden a la Defensora del Pueblo que recurra ante el Constitucional la Ley de Cajas  

Cajas | solicitud

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Numerosos miembros de la  llamada sociedad civil, entre ellos, CC OO, UGT y CSICA,  han instado a la Defensora del Pueblo,María Luisa Cava de Llano, a que recurra ante el Tribunal Constitucional la reforma de Ley de Cajas porque estiman que “vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía”.

La petición se dirige a la Defensora del Pueblo porque las organizaciones representadas en la misiva “no tienen legitimación para interponer el ya citado recurso, teniendo sin embargo un interés legítimo y directo con la regulación legal referida toda vez que su ámbito de actuación incluye a los trabajadores y a los impositores de las cajas, así como a consumidores y usuarios de productos y servicios financieros y beneficiarios de la Obra Social de las cajas”.

Las organizaciones de consumidores, los grupos de impositores y los sindicatos CC OO, comandado porChema Martínez, UGT y CSICA reclaman a Cava de Llano que interponga recurso de inconstitucionalidad porque “los ciudadanos, que son los propietarios de las cajas de ahorros, han visto vulnerados sus derechos fundamentales” ante lo que consideran que “posiblemente sería, en nuestra historia reciente, la mayor transferencia de recursos económicos del conjunto de la sociedad a manos privadas”.

Entre las razones para recurrir, la sociedad civil aluden a que, “en primer lugar, el Real Decreto-Ley 2 / 2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, se ha dictado por el Gobierno con vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española, puesto que no se dan en este caso los presupuestos habilitantes para legislar en esta forma, toda vez que no existe en modo alguno, ni extraordinaria ni urgente necesidad”. Argumentan que “el marco normativo en el que se mueven las cajas de ahorro se había visto modificado ya mediante la entrada en vigor de una sucesión de normas en un proceso que ha durado casi cuatro años, circunstancia ésta que, por sí sola niega la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad, supuesto esencial para que el Gobierno quede habilitado para legislar mediante Real Decreto-Ley”.

En lo que es el contenido de la Ley de Cajas, los sindicatos vienen denunciando que “las medidas recogidas en el Real Decreto provocan incertidumbre sobre todo el sector, independientemente de los niveles de solvencia, provocando con ello, un proceso de debilidad inducida de manera discrecional del que es únicamente responsable el Gobierno”. En opinión, entre otros, de las centrales sindicales, “las mayores exigencias de capital básico, cuando los acuerdos de Basilea III no llegan a demandar ni el 4% para 2011, no tendrán otro efecto que restringir aun más el crédito circulante y el recorte de los fondos destinados a la Obra Social”.

Los sindicatos resaltan que “claramente el objetivo es terminar con el modelo social que representan las cajas de ahorro, aprovechando las dificultades que atraviesan algunas de ellas en lugar de pedir las responsabilidades correspondientes, esta cruzada cuenta con la activa participación de quienes ven a las cajas como una anomalía del sistema financiero”.

“La liquidación de las cajas de producirse, será la gran desamortización del siglo XXI, la mitad de las entidades financieras que son de la sociedad y revierten sobre ella, pasara a ser solo de unos pocos”, señalan. Auguran que “desaparecerá el dividendo social, los sistemas de inclusión financiera para esos colectivos sociales que no resultan de interés comercial para los bancos y reforzara el poder de la economía financiera sobre el sistema productivo. Esto es, millones de personas se verán perjudicadas y la exclusión financiera será aún más profunda”.

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