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Banca: inseguridad jurídica

Confidencial | POR ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

Se inicia el “rally” de la presentación de resultados trimestrales. Se atajan los datos de los nueve primeros meses del año y este paso se acerca mucho –salvo inesperadas sorpresas— a los contenidos finales del total de 2018.

Pero parece que más que el deseo por dar al mercado un buen ejercicio la banca se adentra en la tensión de un episodio de inseguridad jurídica. El asunto de quien paga el tributo de actos jurídicos que graba a los créditos hipotecarios. Y es obvio que este tema va a estar muy presente en las ruedas de prensa de los líderes bancarios.

Lo que quería ser una aclaración sobre el mismo se ha convertido en una complicación más que hasta el presidente del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pide disculpas “a los ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados” por la confusión organizada con la sentencia que indica que las entidades deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca.

La llegada del anuncio de esta decisión del TS produjo un gran temor dentro de la banca que consideraba que si dicho impuesto –incluso se habló de efecto retroactivo— fuera pagado por las entidades perjudicaría gravemente a las cuentas de resultados de las entidades. Pero la alta instancia judicial pareció que echaba el frenó al asunto y prefería entrar en el terreno de la duda.

Le decisión final sobre quien paga ese impuesto –si los bancos o los titulares de hipotecas se queda para el próximo 5 de noviembre fecha en la que el Tribunal Supremo se pronunciará. Carlos Lesmes pidió a presidente de la Sala Tercera, de donde salió la sentencia, Luís María Díez-Picazo, que hiciera una nota aclaratoria inmediata pero Díez-Picazo, prefirió convocar un pleno de la citada Sala Tercera

La ambigüedad producida rompe, de momento, que los tenedores de hipotecas reciban un pago retroactivo respecto a sus anteriores pagos sobre ese tributo. Las decisiones retroactivas no son frecuentes en la justicia española. La banca por su parte estimó dicho efecto como un ataque sistémico al que habría que añadir el bofetón que todas las entidades se han pegado en Bolsa del cual no se han recuperado del todo.

Queramos o no, este es un caso de inseguridad jurídica que hace mucho daño al prestigio de un país para el cualquier sector inversor. Pero, por otro lado, el cliente bancario afectado siempre pensará que el poder de la banca domina la decisión jurídica. La cuestión, sin embargo, es el patinazo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que –aun con ventaja para unos y perjuicio para otros—no debió dejar en tierra de nadie un aspecto tan delicado. Ciertamente, no es extraño que el presidente del Alto Tribunal pida disculpas.

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