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La decisión no llegó

Confidencial | POR ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

Tras todo un lunes de espera el Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo no fue capaz de llegar a un acuerdo sobre el asunto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Y es la espera de la espera, ya se han consumido dos semanas del plazo señalado por el TS para reunir el plenario de la citada sala. Se esperaba también un debate difícil, aunque no parecía probable que “consumiera” todo el lunes. El martes se reinician los debates de los magistrados. Y, en fin, como hemos ido informando en fechas anteriores se dilucida el tema de quien paga el tributo de actos jurídicos que graba a los créditos hipotecarios. O clientes o bancos.

Lo que quería ser una aclaración sobre el mismo se ha convertido en una complicación más que hasta el presidente del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pide disculpas “a los ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados” por la confusión organizada con la sentencia que indica que las entidades deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca.

La llegada del anuncio de esta decisión del TS produjo un gran temor dentro de la banca que consideraba que si dicho impuesto –incluso se habló de efecto retroactivo— fuera pagado por las entidades perjudicaría gravemente a las cuentas de resultados de las entidades. Pero la alta instancia judicial pareció que echaba el frenó al asunto y prefería entrar en el terreno de la duda.

Carlos Lesmes pidió a presidente de la Sala Tercera, de donde salió la sentencia, Luís María Díez-Picazo, que hiciera una nota aclaratoria inmediata pero Díez-Picazo, prefirió convocar un pleno de la citada Sala Tercera. Y llegada la reunión plenaria citada tampoco hay solución. Parece que el tema es mucho más controvertido como para ser decidido por un tan breve documento como puede ser una nota. Sea como fuere, el “retraso” de quince días para alcanzar una solución y la complejidad del debate suscitado sigue manteniendo una situación de inseguridad jurídica.

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