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Los clientes pagan

Confidencial | POR ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL

Tras todo un lunes y gran parte del martes esperando la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sobre el asunto del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados se produjo la decisión: los clientes pagan.

Y es la espera de la espera, ya se han consumido dos semanas del plazo señalado por el TS para reunir el plenario de la citada sala. Se sabía también un debate difícil, aunque no parecía probable que “consumiera” todo el lunes. El martes toda la jornada de debates de los magistrados. Y, en fin, como hemos ido informando en fechas anteriores se dilucidaba el tema de quien paga el tributo de actos jurídicos que graba a los créditos hipotecarios. O clientes o bancos.

Al final la sala del Tribunal Supremo ha decido que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sea pagado por los clientes. El debate fue largo, complicado y en un momento dado pareció que tampoco el martes día 6 llegaría la fumata blanca… Finalmente el temor sobre las consecuencias de efecto retroactivo para los bancos trajo un cambio a aquellos magistrados que preferían la aportación de las entidades. Y así el cliente tendrá que pagar el referido del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados como ha sido siempre.

Y veamos un poco de historia: Lo que quería ser una aclaración sobre el mismo se ha convertido en una complicación más que hasta el presidente del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pide disculpas “a los ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados” por la confusión organizada con la sentencia que indica que las entidades deben pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca.

La llegada del anuncio de esta decisión del TS produjo un gran temor dentro de la banca que consideraba que si dicho impuesto –incluso se habló de efecto retroactivo— fuera pagado por las entidades perjudicaría gravemente a las cuentas de resultados de las entidades. Pero la alta instancia judicial pareció que echaba el frenó al asunto y prefería entrar en el terreno de la duda.

Carlos Lesmes pidió a presidente de la Sala Tercera, de donde salió la sentencia, Luís María Díez-Picazo, que hiciera una nota aclaratoria inmediata pero Díez-Picazo, prefirió convocar un pleno de la citada Sala Tercera. Y llegada la reunión plenaria citada tampoco hay solución. Parece que el tema es mucho más controvertido como para ser decidido por un tan breve documento como puede ser una nota. Sea como fuere, el “retraso” de quince días para alcanzar una solución y la complejidad del debate suscitado mantuvo una situación de inseguridad jurídica. En fin, ahora las aguas vuelven a su cauce. Y se repite la situación anterior. Son los clientes los pagaran el ya muy citado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

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