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El Abogado General se muestra favorable al control obligatorio de la jornada por parte de las empresas

Laboral | Justicia europea

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Según fuentes sindicales el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) suele tener muy en cuenta el dictamen del Abogado General para dictar sentencia.

“El Abogado General, Giovanni Pitruzzella, propone al Tribunal de Justicia que la Unión Europea (TJUE) declare que la Carta y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias”. Así lo señala UGT en un comunicado en el que apunta que "los sindicatos celebramos la posición del Abogado General (lo que en España conocemos como el papel de la Fiscalía en una causa), respecto a la demanda que desde UGT y otros sindicatos, venimos planteando y denunciando desde hace muchos años: la necesidad de obligar a las empresas a establecer un sistema de registro de las horas ordinarias realizadas por los trabajadores".

Según UGT, el Abogado General señala que “si bien los Estados miembros son libres de elegir la forma y el modo de aplicación de la Directiva 2003/88, en cualquier caso están vinculados por una obligación de resultado precisa y e incondicionada en cuanto a la aplicación de las normas que recoge la Directiva 2003/88”. En este sentido, en una nota de prensa, el TJUE señala que "Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, tomando en consideración el conjunto de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste, si puede realizar una interpretación de ese Derecho que garantice la plena efectividad del Derecho de la Unión. En caso de que resulte imposible interpretar una normativa nacional como la española en un sentido conforme con la Directiva 2003/88 y con la Carta, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar de aplicar esa normativa nacional y garantizar el cumplimiento por parte de la empresa de la obligación de implantar un sistema adecuado de cómputo del tiempo efectivo de trabajo", dice el tribunal. Al respecto, el Abogado General recuerda que "esa obligación de interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si ésta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva".

En este punto, UGT señala que el problema es que el legislador en nuestro país ha dejado un vacío en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, pues si bien en el 35.5 del mismo texto legal si se obliga a registrar las horas extraordinarias, en el 34 no se dice nada respecto a las ordinarias", dicen en UGT, que apunta que son los Estados los que tendrán que tocar las leyes para cumplir con la directiva. "Aunque los estados no hagan nada al respecto, la directiva está por delante de lo que digan los estados", aclaran fuentes de esta central sindical.

El Gobierno está por la labor, pero no tiene mayoría en las cámaras y además se encuentra con "el bloqueo a esta cuestión por parte del Partido Popular y Ciudadanos que están provocando que se alarguen los plazos" para dificultar que se apruebe este cambio. "Esperamos que el legislador o el ejecutivo sean ágiles en su trabajo y no sea una sentencia la que al final imponga el cambio legislativo", indicaron.

"Un registro de jornada, no es para controlar a los trabajadores, como torticeramente algunos ya quieren indicar. Se trata de que el trabajador, sus representantes legales y la Administración, a través de la Inspección de Trabajo, pueda tener a su disposición un Registro del número de horas productivas que realiza y reclamar la compensación del exceso si lo hubiere. El dictamen del Abogado General es muy importante, pues ante el Tribunal de Justicia Europeo tiene mucha relevancia y se tiene muy presente en sus sentencias", señala UGT.

Las consecuencias de este vacío legal no son solo para los trabajadores afectados. Se pierden en torno a 1.000 millones de euros cada año en las arcas de la Seguridad Social; se realizan 150 millones de horas productivas que no se pagan a los trabajadores ni se cotizan, de ellas 14 millones en el sector financiero, destaca UGT "Se podrían generar miles de puestos de trabajo si esos 150 millones de horas se convirtiesen en empleo, señalan, agregando después que la prolongación de la jornada, "además de las consecuencias económicas, también deriva en consecuencias sociales, ya que dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral y el derecho a la desconexión del que aún no disfrutamos en España".

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