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Carpetazo a las cajas

Cajas | PROYECTO DE LEY

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El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley de cajas y fundaciones sin apenas novedades sobre el anteproyecto de ley. En el caso de las cajas y tras su desaparición, será una ley que ya sólo afecte a dos entidades.

Y es que hay que recordar que tras la reestructuración del sector financiero, la anterior ley de cajas y el trasvase del negocio de éstas a un banco, las únicas que no lo han hecho y a las que puede afectar la ley de cajas son sólo Pollença y Ontinyent.

No es el caso de la ley de fundaciones bancarias, que se ocupa de la mayoría de las entidades, tanto las nacionalizadas, como las que han recibido ayudas, asi como las que no. Este paso ha sido necesario para cumplir con el Memorándum de Entendimiento exigido por la Unión Europea.

Como ya se sabía, las cajas de ahorro tendrán que centrar su negocio en el tramo minorista, sin "dedicarse a actividades financieras complejas"; no podrán salirse de su comunidad autónoma, a no ser que actúe hasta un máximo de diez provincias limítrofes entre sí; no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros, o una cuota de depósitos por encima del35% de los de la comunidad autónoma donde operen. En caso de que lo superen deberán traspasar su actividad a un banco que será participado por una fiundación.

En los órganos de gobierno, se mantiene la comisión de control y se suprime la de director general. La La asamblea general incluirá la representación de los depositantes, la voluntad fundacional de la caja y los destinatarios de la obra social. Los consejeros serñan entre 30 y 150 con un mandato de entre 4 y 6 años. La representatividad de los impositores será de entre el 50% y el 60% de los consejeros generales. Las Administraciones Públicas en ningún caso podrán designar más del 25% de los consejeros generales.

Entre otras medidas , se refuerza la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno con el de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales así como con altos cargos de las administraciones públicas.

FUNDACIONES

En cuanto a la ley de fundaciones bancarias, el Gobierno recuerda que el MoU exigía que se fuera produciendo una desinversión paulatina de las antiguas cajas de ahorros en las entidades bancarias hasta que su participación alcanzase niveles de no control. Para impulsar este objetivo, el Proyecto de ley prevé dos medidas que operan de manera consecutiva:

  • Obliga a que las cajas que actualmente desarrollan sus actuaciones en régimen de ejercicio indirecto, así como las cajas que tengan un volumen superior a los límites previstos en la norma (es decir, cuando mantenga una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración), se transformen en fundaciones bancarias.
  • Una vez transformadas en fundaciones bancarias, se ha diseñado un régimen jurídico para estas nuevas entidades que refuerza la supervisión financiera en función del grado de control efectivo que ejerzan en la entidad bancaria participada.

El Proyecto de Ley distingue:

  • Obligaciones generales para todas las fundaciones bancarias (aquellas que tienen una participación en la entidad de crédito de, al menos, un 10%, con independencia de que fueran o no cajas anteriormente). No obstante, esta obligación de transformación solo se impone a las actuales fundaciones ordinarias que con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley aumenten su participación en la entidad de crédito por encima del 10%.
  • Obligaciones para las fundaciones bancarias con una participación en la entidad de crédito de, al menos, un 30%.
  • Obligaciones para las fundaciones bancarias con una participación en la entidad de crédito de, al menos, un 50% o con participación de control.

Un punto polémico de la ley que afecta por ejemplo a Isidro Fainé como presidente de CaixaBank y la Fundación La Caixa es que la ley impide que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.

Además, estarán sujetas a un régimen de control que será llevado a cabo por el Banco de España en el marco de sus funciones de supervisión financiera y por el protectorado en materia de gobierno corporativo. El protectorado corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad cuando la fundación bancaria tenga un ámbito de actuación principal superior al de la comunidad autónoma.

Además, las fundaciones bancarias con una participación superior al 30% en una entidad de crédito deben presentar al Banco de España para su aprobación un protocolo de gestión de su participación en el banco. Este regulará los criterios de gestión de la participación de la fundación en el banco, las relaciones entre ambos y las normas sobre operaciones vinculadas y conflictos de intereses. El protocolo de gestión se presentará al Banco de España en el plazo de dos meses desde la constitución de la fundación bancaria. El Banco de España revisará, al menos anualmente, el contenido del protocolo de gestión.

Adicionalmente, las fundaciones bancarias con una participación superior al 30% estarán obligadas a presentar un plan financiero que, en caso de las entidades con una participación superior al 50% o de control, incluirá un plan de diversificación de inversiones y gestión de riesgos que evite la concentración en activos emitidos por una misma entidad y establezca la dotación de un fondo de reserva.

La única novedad respecto al anteproyecto reside en que las fundaciones bancarias que tengan una participación igual o superior al 50% o bien un porcentaje de control de una entidad de crédito, pueden acudir a una ampliación de capital de la entidad de crédito participada, pero no podrán ejercer los derechos políticos correspondientes al incremento de su participación. Solo podrán aprobar reparto de dividendos con un quórum y mayoría reforzados (presencia del 50% del capital en primera convocatoria y del 25% en segunda convocatoria, más aprobación de dos tercios del capital presente en la Junta).

VALORACIÓN DE LA CECA

La CECA, la patronasl de las cajas ha emitido un comicado en el que valora postiviamente la ley por considerar que "proporciona un marco normativo estable y armonizado para el sector; profundiza en la mejora del gobierno corporativo de los grupos de cajas de ahorros; y continúa la línea de profesionalización de la gestión".

Especialmente valora entre las mejoras introducidas en el proyecto "las referidas a la política de dividendos y a la capacidad de las fundaciones Bancarias para acudir a ampliaciones de capital". En ambos casos, dice la CECA, la flexibilidad introducida favorecerá el cumplimiento de objetivos tan importantes como la atracción de
inversores privados a los nuevos Bancos de Cajas.

Además, el organismo explica que el Proyecto de Ley incorpora además un régimen fiscal específico para las fundaciones bancarias, sustancialmente similar al de las aajas de ahorros y orientado a preservar la inversión en obra social. Para la patronal de las cajas, "este régimen permitirá a las entidades resultantes del proceso de
reestructuración y consolidación mantener su dimensión social".

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